CIRCUITO MEXIQUENSE
OPINIÓN
Por Ángel Bocanegra
Las invasiones de casas en varios municipios del Estado de México no sólo es un delito creciente, sino que es preocupante porque es un problema en el que organizaciones criminales tienen bajo su control a autoridades municipales y sus policías, ministerios públicos y jueces para atropellar y despojar a legítimos propietarios de sus viviendas.
Está claro que sin esta descarada colusión sería difícil que los ciudadanos fueran despojados de su patrimonio y es algo en lo que la gobernadora, Delfina Gómez, y la Fiscalía de Justicia deberían tomar más en serio antes de que surjan más “Doña” Carlota.
De acuerdo a denuncias presentadas, Ecatepec ocupa el primer lugar en invasiones, seguido por Tecámac, lo que podría ser el reflejo de un rápido crecimiento inmobiliario que al menos en territorio tecamaquense sigue viento en popa.
El problema también se presenta en Netzahualcóyotl, Chimalhuacán, Toluca, Ixtapaluca, Chalco, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, solo por mencionar los principales.
Informes de la Fiscalía tienen perfectamente ubicados, al menos en estos dos municipios, a tres poderosas organizaciones que no sólo se dedican al invadir casas, sino han extendido sus tentáculos a la extorsión, cobro de piso y afiliación forzosa de transportistas, entre otros.
En estos territorios todos señalan el poderío que han acumulado “los 300”, cuyo líder Luis “N” , apodado “el Conejo” fue detenido hace un par de semanas en Veracruz, pero cuya organización sigue operando con abierta impunidad.
También figuran “La Choquiza” y la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON), que funciona con prácticas gansteriles bajo el mando de Guillermo Fragoso, “Memo”, quien ha sido objeto de dos atentados de quienes lo quieren sacarlo de la jugada.
El modus operandi de los invasores raya ya en el cinismo, ya que les es suficiente con meterse a las viviendas -la mayoría abandonadas-, pero incluso en algunos casos están habitadas al momento de ingresar al inmueble.
Los maleantes se protegen con escrituras falsas, contratos de renta de un supuesto propietario o simplemente se acreditan como dueños o les proponen que interpongan una denuncia ante el Ministerio Público, que saben le darán largas y largas. Cuando se pide el apoyo de la policía argumenta que no puede actuar.
Los ciudadanos se encuentran en la indefensión ante este tipo de despojos, y las autoridades prefieren ponerse del lado de los delincuentes que de los ciudadanos. Habría que preguntar si “Doña Carlota” puso el ejemplo.
Las autoridades, desde municipales, judiciales y las policías saben donde están y quienes son, pero es claro que no ha habido voluntad para actuar y prefieren los cañonazos de dinero que detenerlos.
CIRCUITO EXTERIOR.- Por cierto, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para formalizar el Programa de Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 71,000 viviendas de bajo costo en la entidad, beneficiando a personas en situación vulnerable y con bajos ingresos…
